Al igual que se creó una televisión autonómica para tener un medio de comunicación público en catalán, también se repartió el uso de la lengua, catalán para la comunidad autónoma y ayuntamientos, y español para la administración estatal en Cataluña. Se buscaba un equilibrio, una compensación, para que hubiera presencia de catalán. Pero hoy día la situación se ha invertido y es el español el que está prácticamente desaparecido. Los tiempos cambian. Y hay que readaptar el uso de lenguas a la nueva situación.
Igual que TV3 se ha convertido en un monstruo con un presupuesto y una cantidad de personal enorme, para una población de 7,5 millones, con lo cual también debería tener canal en español de noticias locales (pero eso es otra historia que trataremos en otra ocasión), la administración autonómica de Cataluña es la segunda con más funcionarios de toda España.
Además con el traspaso de competencias, la administración estatal se ha reducido enormemente, y el empleo público del que dispone abarca un espacio ínfimo de la vida social de las personas, mientras que las Comunidades autónomas disponen de sanidad, educación, servicios sociales, etc, con lo que los ciudadanos están en contacto continuo con los servicios públicos en catalán, y en un porcentaje ridículo en español, las fuerzas armadas no interactúan en la vida cotidiana con la población, y los trabajadores de los ministerios tampoco y menos en las comunidades autónomas con unas escasas delegaciones provinciales.
La Administración autónomica sube al 64,28% y la Administración local sube al 27,5%, sumando entre las dos el 92% es decir casi la totalidad del empleo público en la Comunidad Autónoma de Cataluña, dentro de su territorio.
Los trabajadores de empresas públicas o los militares seguramente no entablan mucha relación con los ciudadanos... podríamos decir que está en torno al 5% el trato en español desde la función pública en Cataluña?
A la vista de lo expuesto, y añadiendo que la Generalitat ni siquiera respeta la disponibilidad de información, páginas web, ni las comunicaciones, ya no digamos los ayuntamientos, además habría que ver cuánto se usa el derecho de opción lingüística y cuántos ciudadanos terminan en su trato individual dirigiéndose a la administración en español, seguramente muchos renuncian a hacerlo.. Es por tanto necesario un proceso de bilingüización de la Administración autonómica y local para restaurar el equilibrio, además de hacer cumplir los derechos lingüísticos actuales de los hispanohablantes.