Exigir catalán viola los derechos fundamentales de la Constitución, el 25% en el Tribunal Constitucional

En ningún país del mundo se exige a toda la población aprender lenguas minoritarias por razones prácticas, políticas, sociales, de igualdad de oportunidades y de defensa de los derechos fundamentales.

Ahora que la entidad Òmnium Cultural ha anunciado un recurso al Tribunal Constitucional contra la decisión del 25% de la escuela en español del Supremo de confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña .Se hace necesario la movilización militante de todos los medios hispanohablantes en este momento decisivo. Desde hoy mismo hasta el final. No, la experiencia demuestra que no basta con dejar que los tribunales hagan su trabajo, y menos si están bajo control político de partidos plurinacionalistas y bajo la presión del ultranacionalismo catalanista. 

La justicia necesita ser defendida no solo en los tribunales. Es preciso difundir las 24 horas a la opinión pública, de manera constante, permear a todos los sectores sociales. Los juristas, periodistas y las entidades deben proporcionar el argumentario, y debe ser el más conocido para la población, por delante del racismo cultural catalanista. En contra de lo que parece, muchas veces las "interpretaciones de los textos jurídicos" no se terminan ateniendo estrictamente a la ley o la bordean. La psicología, las connotaciones sociales, y el impacto público que causan las decisiones, si tienen efectos en las sentencias.

Hay que ganar la narrativa, desde el primer momento. Ya se está usando el tramposo informe del "comité de expertos" del Consejo de Europa para este objetivo. No veamos esa acción como un hecho aislado, el objetivo es la sentencia del Constitucional y la opinión pública. Para sentar las bases. Y démonos cuenta, hemos actuado a la defensiva, no tenemos la actitud correcta. Necesitamos llevar la iniciativa, no reaccionar. No debemos ser ingenuos, e idealistas, si no ser realistas. Es más, incluso en el peor de los casos, este trabajo previo serviría para crear una sensación de agravio tan fuerte, que serviría para potenciar el movimiento social y político contra la inmersión, generar militantes dispuestos a sumarse a la lucha por nuestro idioma.

Recordemos que Òmnium, es una entidad "cultural" de la época franquista, la época predemocrática, fundada durante la dictadura de Franco, en deuda con la burguesía de Cataluña por financiar su guerra en España, y que entre sus miembros fundadores tenía algún fascista declarado según artículos que circulan.

Por ejemplo, entre otros, Joan Baptista Cendrós decía “Yo soy un fascista catalán, un nazi catalán, y no acepto nada de España y pienso que todo lo que se haga por matar a los castellanos es bueno” según las memorias del empresario Manuel Ortínez Mur, que figura en el libro "Tarradellas, el guardià de la memòria"... a pesar de lo cual se declaraba antifranquista. Ya sabéis que en Cataluña ser antifranquista no implica ser antifascista, solo estar en contra de un fascismo que no es tu fascismo.

Así el Español como lengua común y mayoritaria, del 90% de la población, es la viga maestra que asegura que todas las personas puedan ejercer sus derechos sin barreras lingüísticas. Única lengua de obligatorio conocimiento para todos y en todo el territorio.

Artículo 3 de la Constitución Española: "El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla."

De esa condición se deriva que el Español nos hace a todos iguales tal como establece el artículo 14 de la Constitución. En el momento que el catalán te restringe un derecho, se quiebra la igualdad de los hispanohablantes, viola la voluntad directa del pueblo y su ley fundamental aprobada sin intermediarios. Así de simple.

Artículo 14 de la Constitución Española: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social."

El español garantiza que las leyes, los servicios de educación, salud, justicia, seguridad, cultura, la administración y todo estén disponibles para todos los ciudadanos, sin que una lengua minoritaria limite derechos en Cataluña. Y esa garantía se extiende a los catalanohablantes ya que deben conocerlo y por tanto también es para ellos garantía de su libertad y derechos. A la inversa no funciona, porque no existe el deber de conocer el catalán.

El español es una herramienta que permite superar las divisiones y que todos los ciudadanos puedan interactuar, aprender y trabajar sin restricciones. Y por ello el español es la lengua de cohesión social. El catalán  es una posibilidad optativa para la minoría que lo tiene como lengua materna gracias a la oficialidad en una fracción territorial, pero no una obligación para la gran mayoría. La escuela es un servicio público y un derecho fundamental, no una herramienta de dominación cultural de una minoría.

El artículo 27 de la Constitución Española, en el apartado de Derechos Fundamentales: "Todos tienen el derecho a la educación. (...) Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes."

En el momento que el catalán se convierte en una limitación para el acceso a la educación, el catalán se convierte en un idioma discriminatorio. Si todos tenemos derecho a la educación, y el español es el único idioma obligatorio, poner leyes menores autonómicas por encima de la Constitución y solo poder escolarizar en catalán y no 100% en español, es una violación clara. No es posible retorcer los razonamientos jurídicos hasta el punto de  negarlo.

Cuando se dice que aprender catalán da igualdad de oportunidades, al contrario, eso significa que no se está respetando que el español cumpla su función de ser garantía de igualdad. Ya que la condición necesaria e imprescindible como garantía de derechos y oportunidades es el español. Es en esta primera instancia que todos nuestros derechos deben estar garantizados, sin necesidad de más añadidos. Si no sucede significa que el sistema se ha corrompido y no funciona correctamente.

La "promoción" de cualquier otra lengua nunca puede suponer la búsqueda de minorar la comunidad hispanohablante e incrementar hablantes de catalán a su costa, ni derivar en restringir derechos que impulsen a dicha comunidad a abandonar el español por ejemplo para tener éxito académico. Porque el español es un derecho.

El catalán como exigencia rompe la integración y destruye la movilidad social y territorial. Por tanto la simple potencialidad de una persona en otro territorio de España de no ser escolarizado en español, está vulnerando otros derechos fundamentales. Intentar convertir en lengua de toda la población una lengua minoritaria vulnera la libertad individual, lo que se debe proteger son las comunidades específicas de hablantes.

No es un derecho de dicho grupo minoritario obligar al resto de la población a hablar su lengua o estudiar en su lengua. Y si es un derecho de la mayoría que no traten de modificar su identidad lingüística y cultural, ni le hagan adquirir como parte intrínseca de si mismo otra lengua. 

Proteger la diversidad cultural siempre y en toda circunstancia debe respetar la funcionalidad de la lengua común, el español.